l Laboratorio del Fin del Mundo que fuera creado en 2016 con la expectativa de producir medicamentos, sueros y antibióticos para la salud pública, podría tener sus días contados.
El bloque parlamentario del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Provincial N° 1136, norma que dio origen a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El argumento central es que, desde su creación la empresa no cumplió con los fines previstos y se ha convertido en una carga presupuestaria sostenida por recursos provinciales.
Según los fundamentos de la iniciativa, el Laboratorio no logró generar producción efectiva ni recursos genuinos. Por el contrario, en cada ejercicio requirió partidas adicionales para sostener su estructura administrativa, sin resultados concretos en términos sanitarios o productivos.
Esta situación, afirman los legisladores Löffler y Villegas, vulnera los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que deben guiar la gestión pública.
El texto también recuerda que los pedidos de informe elevados por la Legislatura sobre la situación patrimonial, la actividad y la gestión del laboratorio no fueron respondidos de manera satisfactoria. Frente a este escenario, el proyecto propone una decisión “clara, concluyente, firme y definitiva”; la disolución de la sociedad y la liquidación de sus bienes.
El procedimiento se plantea con plazos concretos. El Poder Ejecutivo deberá iniciar la disolución en un máximo de 180 días, designando un liquidador o comisión liquidadora con participación de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Entre las tareas previstas se incluyen la liquidación de activos y pasivos, la rescisión de contratos, la transferencia de bienes al patrimonio provincial y la rendición final de cuentas a la Legislatura en un plazo de 240 días.
El proyecto también fija límites, ya que durante el proceso de liquidación no podrán realizarse nuevas contrataciones, incorporaciones de personal ni operaciones de crédito, salvo las indispensables para concluir administrativamente el cierre. Además, se establece que el personal en relación de dependencia deberá ser reubicado en otras dependencias estatales, resguardando sus derechos laborales y previsionales.
La creación del Laboratorio del Fin del Mundo fue aprobada por unanimidad el 15 de diciembre de 2016, durante la gestión de la gobernadora Rosana Bertone. Votaron a favor los legisladores del PJ Federico Bilota, Noelia Carrasco, Andrea Freites, Ricardo Furlan, Marcela Gómez, Daniel Harrington, Myriam Martínez y Ricardo Romano. Los radicales Pablo Blanco, Oscar Rubinos y Liliana Martínez Allende, y los mopofistas Cristina Boyadjián, Damián Löffler, Mónica Urquiza y Pablo Villegas. Ocho años después, 2 de los 15 parlamentarios que acompañaron la creación impulsan ahora su cierre definitivo, con el objetivo de redireccionar los recursos hacia áreas consideradas estratégicas como salud, educación, seguridad y desarrollo productivo.
Para el ejercicio 2025 se le asignó al Laboratorio un presupuesto de 4.595 millones de pesos, mientras que para 2026 la previsión es de 3.052 millones. Se trata de partidas millonarias que, según los impulsores de la derogación, no se reflejan en producción efectiva ni en ahorros para el sistema de salud provincial.
En el plano judicial y administrativo, el laboratorio acumuló antecedentes relevantes. En 2020, el Tribunal de Cuentas denunció a exdirectivos por presunto perjuicio al Estado provincial por casi $55 millones, en una presentación que describió irregularidades en contrataciones y movimientos de fondos. Esa presentación derivó en actuaciones judiciales.
Además, existe un expediente civil vinculado al ex presidente del laboratorio, Carlos Alberto López, en el que se discute la validez del contrato de locación de servicios firmado en 2018, su suspensión en 2020 y la eventual responsabilidad patrimonial.
El capítulo productivo tampoco estuvo exento de controversias. En 2018/2019 el laboratorio se posicionó como proveedor del antirretroviral Atazanavir 300 mg -marca Suravir- para el Programa Nacional de VIH, con compras del Ministerio de Salud que incluyeron 1.800.000 comprimidos y anuncios de continuidad. Sin embargo, una parte sustancial del stock adquirido a Bristol Myers Squibb terminó vencida e incinerada: 48.272 frascos (72% de la compra), por un valor estimado de 2,65 millones de dólares, según denuncias judiciales.
Produjo también Vitamina D, Test para Covid 19. Además, se promovieron acuerdos para ampliar el portafolio de productos, entre ellos, convenios con Bristol Myers Squibb ligados a terapias de hepatitis C, aunque esas líneas no se consolidaron en una producción sostenida. Más recientemente, se comunicaron planes de nuevos desarrollos, como el de aceite cannábico.
